____ ____ ____ ____ ____ Oliver Laufer: Fronteras de la socialdemocracia: Pensiones.

Wednesday, February 08, 2006

Fronteras de la socialdemocracia: Pensiones.

En este ensayo de varios capítulos intentaré demostrar objetivamente la ineficacia del Estado para sostener gastos que no le competen. Por eso, este será un ensayo en defensa del Liberalismo Clásico, aceptando la existencia del Estado de forma limitada. Es decir, este ensayo está escrito en defensa del Gobierno Limitado, donde el papel del Estado, además de observador, es el de asegurar los servicios básicos: justicia, seguridad e infraestructuras.

Pensiones.

El primer punto, de una increíble importancia, radica en la distribución de las riquezas de los individuos. Un gobierno socialdemócrata partiría del supuesto económico de que, para satisfacer algunos servicios, es necesaria la participación estatal. Esta participación consistiría en llevar a cabo una recaudación fiscal obligatoria que, en suma, pagaría las prestaciones que requieren los individuos beneficiarios.

Es decir, en la socialdemocracia es obligatorio transferir dinero de un grupo de personas (contribuyentes) a otro grupo (beneficiarios), incluso cuando no es necesaria dicha transferencia, ya que este segundo grupo posee capacidad de capitalizarse sin que el Estado intervenga, y lo demostraré a continuación. Pero para ello partiré de una idea más básica.

El mayor enemigo que posee el sistema de transferencia estatal es la evolución de las pirámides de población. Es decir, el aumento de la longevidad, así como la disminución de la natalidad, han creado cambios en las pirámides poblacionales. Estos cambios son conocidos como transiciones demográficas y poseen una total correlación con el desarrollo económico y político de la región.

El gasto público en el Estado de Bienestar se basa en la dependencia y en la transferencia. Por eso se acude al traspaso de capital del sector que produce, esto es, individuos dentro del mundo laboral, al sector que depende, los llamados beneficiarios, que en una pirámide poblacional, en Seguridad Social, engloban a los mayores de 65 años.

En términos económicos, la socialdemocracia parte de la idea de que la recaudación fiscal dentro del sector activo es suficiente para mantener a los beneficiarios.

Actualmente el principal problema radica en que la elevada política fiscal dificulta la capacidad de ahorro de los individuos, y con ello se obstaculiza el desarrollo económico. Pero las consecuencias a medio y largo plazo van más allá del ahorro.

Hoy en día, el número de personas en edad laboral dentro de España, por ejemplo, es del 68,6% de la población total, incluyendo a los desempleados. Mientras que el número de jubilados alcanza 16,9%.

Esto es, 7 de cada 10 personas mantienen, al pagar sus impuestos, a las tres personas restantes, en concepto de pensión, escolaridad, desempleo y un largísimo etcétera.

La transición demográfica obligará por naturaleza a que en el año 2025, en ese mismo país, sean 6,5 de cada 10 las que realicen esta función. Y que en el año 2050 sea el 52% de la población la que sostenga al 48% restante.

En el año 2050, de cada 10 personas que trabajen o estén en edad de trabajar, habrá otras 9 personas que dependerán de las primeras 10. Esto significa que el número de jubilados rondará el 35,6%, y será completamente insostenible mantenerles a través de una política económica socialdemócrata, en la que el Estado administra las pensiones.

Traduciéndolo al mundo real, hoy siete personas que ganan alrededor de 2.000 euros mensuales, entrega cada una aproximadamente el 25% de su sueldo cada mes en Impuestos, unos 500 euros mensuales. Esto es, 6.000 euros anuales cada una. O bien, 42.000 euros anuales entre las siete, -sin tomar en cuenta que entre esas siete puede haber desempleados.-

Pero serían 42.000 euros logrados del esfuerzo de haber realizado un trabajo, aunque destinados a sostener las pensiones y la escolaridad, entre otras muchas cosas, de las tres personas restantes.

En el 2025 serán poco más de seis personas las que tendrán que mantener a las restantes cuatro, y por tanto, habrá un aumento de los impuestos para hacer la situación sostenible. Se perderá un contribuyente y se ganará un beneficiario.

En el 2050, para mantener a los beneficiarios, los contribuyentes tendrán que entregar en impuestos la casi totalidad de su sueldo, para así poder sostener, bajo las arcas estatales, al sector parasitario de la economía, es decir, al 48% de la población total del país.

Esto es, si usted gana 2.000 euros mensuales, entregará, en el mejor de los casos, cerca de 1.800 euros en impuestos y sólo le quedarán unos 200 euros mensuales para consumo propio. La renta per capita descendería a unos 3.000 euros anuales, frente a los 20.700 euros anuales de hoy. España tendría la RPC que actualmente tiene Cuba. Y con este irónico evento, quedaría perfectamente explicado cuál es el futuro del Estado de Bienestar, si se le quiere seguir llamando así.

La socialdemocracia y un Sistema Público de Pensiones serán simplemente inaplicables en los próximos años, y por eso deben llevarse a cabo una revisión y una reconsideración del Gasto Público y así mantener en el futuro un equilibrio presupuestario.

Obviamente, este terrible hundimiento económico no va a ocurrir y, en el punto anteriormente descrito, ya nos encontraríamos en la cumbre de este desastre. En los próximos diez años las consecuencias económicas de las transiciones demográficas van a comenzar a dar sus primeros signos de alta visibilidad y se deberá empezar a actuar desde ahora.

Solución.

La cuestión no es si la socialdemocracia, en estos parámetros, va a sufrir un gran cambio, sino cuando debemos empezar dicha modificación.
La solución a este problema es acudir a la liberalización de los sectores de la economía que se ven implicados, es decir, acudir en primer plano, a la privatización del sistema de pensiones. Y para ello, si deseamos obtener los resultados en el futuro, debemos aplicar una nueva política económica en la actualidad. La privatización de las pensiones no es algo nuevo, y en algunos países, como por ejemplo Chile, se está llevando a cabo desde hace varias décadas.
En el caso de Chile se mantienen algunos imperfectos que deben ser todavía trabajados, como por ejemplo la obligatoriedad de participar en este sistema y la lenta erradicación del modelo anterior.

Un sistema privado de pensiones consiste en que las personas que quieren tener su futuro asegurado, pueden participar, si así lo desean, en un Plan de Pensiones Privado. La persona en edad laboral entregaría una pequeña porción de su sueldo mensualmente ahorrada al no pagarla en impuestos. Este porcentaje, sin la intervención estatal, como demostraré, serviría para asegurar una vejez cómoda, para aumentar notablemente nuestra capacidad de ahorro y mejorar nuestro nivel de vida.

Por ejemplo, sin la devaluación de hoy, un trabajador que gana en Venezuela dos millones de bolívares mensuales, podría entregar cada mes a su Plan de Pensiones cien mil bolívares que se ahorraría en Impuestos. Tan sólo un 5% del sueldo, que en 42 años de vida laboral sumarían más de 50 millones de bolívares que desembocarían en una pensión mensual, durante 10 años, de 420.000 bolívares. Mucho más de lo que cualquier gobierno venezolano ha dado en pensión nunca. Casi el triple de lo que da en la actualidad el gobierno de Hugo Chávez.

Este ejemplo es bajo el caso de que el trabajador sólo decida invertir un 5% de su sueldo en su futuro, y no un 10% o un 12%, en cuyo caso se podría cobrar una pensión, durante diez años, de más de un millón de bolívares mensuales. Aquí nos estamos basando, de igual modo, en la idea de que el trabajador mantenga ese hipotético sueldo de dos millones de bolívares durante toda su vida, algo también improbable.
Este trabajador tendría una capacidad de ahorro mucho mayor que la del trabajador que, ganando ese mismo sueldo, tiene que invertir obligatoriamente una cuarta parte de sus ganancias en Impuestos.

La capacidad de ahorro potenciaría el consumo y aumentaría nuestra calidad de vida. Por tanto, también podríamos recibir mejores bienes y servicios que los que nos promete el Estado, y si no los deseamos o no los necesitamos, podríamos utilizar ese dinero ahorrado para, por ejemplo, comprar otra casa cerca de la costa, o un Cessna, o simplemente para que nuestros hijos puedan estudiar la carrera que deseen en la Universidad de Berkley.

Soluciones socialdemócratas.

En la socialdemocracia barajan también algunas soluciones que no son factibles. Una de ellas sería la disminución de las pensiones y, a su vez, un aumento de impuestos. Entendemos con esto que le daríamos más dinero al Estado pero recibiríamos menos prestaciones sociales. La gente preferiría entonces no recibir dichas prestaciones y ahorrar su dinero para poder invertirlo en algo útil.

Una segunda opción consistiría en potenciar positivamente la inmigración en los países con tendencia a un crecimiento negativo en las pirámides de población, para que pudiese haber un mayor número de empleados que pagasen impuestos. Los problemas de este planteamiento vienen de que, para empezar, se potenciarían sectores de la economía que en un país occidental son innecesarios. A pesar de lo positivo que implica ser la inmigración para una región, al haber una abundante mano de obra y un número limitado de puestos de trabajo, aumentaría el desempleo. Y finalmente, para que aumentara la oferta de trabajo en la región, tendría que disminuir el precio de la mano de obra y la situación laboral sería, indistintivamente, precaria.

Conclusión.

Por eso mismo la solución más lógica es privatizar las pensiones. En muy sencillo: dentro de un contexto de igualdad de oportunidades, e incluso fuera de ese contexto, el individuo está en capacidad de administrar su futuro ya que éste no pertenece al Estado. Las consecuencias de la privatización de las pensiones en los países que se ha aplicado han sido tremendamente positivas. Del mismo modo que se le entrega una considerable porción del sueldo al Estado obligatoriamente para que éste lo administre, el individuo puede, en cambio, ahorrar ese capital y administrarlo de la forma que desee. No se debe estar atado a ninguna obligación y mucho menos si ésta es innecesaria.

3 Comments:

Blogger Egocrata said...

No demuestras por qué un mercado privado de pensiones eliminaría el problema de la presión demográfica. A no ser que defiendas que todo aquel mayor de 50 años ahora se quede con el culo al aire y 15 años para ahorrar como un loco.

No señalas ni un sólo caso de país con pensiones privadas que funcione. Chile es un desastre, y el Reino Unido está gastando más dinero ahora que antes tras su privatización parcial, ya que la rentabilidad mayor del sector privado se la comen comisiones de intermediarios rápidamente.

Tampoco señalas la solución más fácil para seguir con el sistema público, que es tener una natalidad alta. Suecia no tiene problemas para pagar su sistema, y Estados Unidos tampoco (por mucha que diga Bush, indizar el límite superior del impuesto a la inflación arregla el problema).

Por no hablar de subir la edad de jubilación, que es perfectamente posible hacerlo.

5:08 PM  
Blogger Oliver said...

Egocrata: la respuesta es medianamente larga, por lo que he preferido colocarla también y de forma mejorada a modo de artículo. Cualquier cosa no dudes en escribirme a mi correo o aquí mismo.
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La diferencia entre un sistema público de pensiones y uno privado radica en que el sistema público es financiado por todos los empleados que pagan sus tributos, mientras que el privado, además de ser personalizado, y por ello, es financiado por el mismo individuo que lo requiere. Es decir, una persona que genera suficientes ingresos como para no estar sujeta a una pensión cuando decida jubilarse, no tendría que pagar a lo largo de su vida una contribución obligatoria al Estado.

Las pensiones privadas son mejores que un sistema de Pay as you go porque además de no ser obligatorias, son personalizadas. La persona que quiere recibir un plan de pensiones del Estado, tendrá que recibir lo que le asigne el Estado:

Es decir, un contribuyente que entregó por obligación al Gobierno 435 euros mensuales durante muchos años para figurar dentro de la Seguridad Social, podría recibir mensualmente muchísimo menos de lo que entregó a lo largo de su vida laboral, incluso anteponiendo privilegios a un sector sobre otro. Tomando como ejemplo a España, una persona que vive en la Comunidad Valenciana cobraría 300 euros de pensión, mientras que un asturiano podría cobrar 815 euros de pensión de vejez.

En un sistema privado de pensiones, el pensionista, además de decidir cuánto quiere aportar mensualmente a su plan, puede decidir también cuánto quiere recibir en el momento en que comience a utilizar dicha pensión. Además, el individuo decide durante cuanto tiempo va a ingresar dinero en su plan de pensiones (5 años, 10 años, 42 años) y finalmente decide cada cuanto tiempo puede ingresar su dinero en el plan.

Un sistema público erradica esta capacidad de decisión. En un sistema público, el individuo está obligado a entregar cada mes una porción considerable de su sueldo mientras esté empleado, durante toda su vida laboral. La capacidad de generar ahorro se ve sustancialmente erradicada y el valor humano de realizar un trabajo se ve comprometido.

En un sistema público la capacidad de ahorro está limitada. De la ganancia salarial no se resta únicamente el Impuesto de Pensión. Sino que, en suma, hay un sinfín de gravámenes que el trabajador tiene que financiar por obligación: educación, sanidad, desempleo, incluso artes, espectáculos, deportes, ciencias, seguridad, empresas gubernamentales, empresas no gubernamentales, y todo tipo de actividad que pueda ser subsidiada por el Estado, además del sueldo de todos los funcionarios estatales. Es por eso que el trabajador se ve inhabilitado para mejorar su nivel de vida.
Por ejemplo, si usted gana 2.700 euros mensuales y paga un 29% o un 31% de su sueldo en impuestos, se verá totalmente incapacitado de sostener la escolaridad privada de sus hijos, y tendrá que acudir a la educación pública. El individuo, ante un régimen de elevada política fiscal, pierde en gran medida su capacidad para la toma de decisiones. Y la política fiscal es elevada precisamente porque el Estado asume roles que, como demuestro, no le competen.

Pero centrándonos en la Seguridad Social, el favoritismo que comentaba anteriormente con respecto a las pensiones según su situación geográfica, no sólo se limita a las pensiones por vejez ni tampoco al lugar donde se esté.
En Chile, que es un país con un sistema privado de pensiones de jubilación, se anteponen privilegios por parte del Estado en pensiones como la recibida por viudez. Cualquier mujer cuyo cónyuge muera estando en servicio o cobrando pensión, podrá cobrar al Instituto de Normalización Provisional una pensión de viudez. Pero si el viudo resulta ser un varón, únicamente podrá cobrar la pensión si es declarado clínicamente inválido, o si demuestra que dependía de los ingresos de la fallecida. En el primer caso el individuo probablemente ya estaría cobrando una pensión de invalidez a expensas del contribuyente. Y en el segundo caso, el pensionista no pagaba tributos, puesto que no estaba en nómina laboral. Pero de lo que menos tiene culpa es su de género sexual.

Un sistema privado de pensiones continuaría funcionando independientemente de cómo sean las transiciones demográficas de una zona o región, incluso podría colaborar en equilibrarlas.

Para financiar un sistema público de pensiones se necesitan trabajadores que paguen impuestos, cuando no hay trabajadores una fórmula socialista consiste en potenciar la natalidad. Las políticas marxistas del empleo dicen que para que exista una elevada mano de obra debe haber una elevada natalidad. No muy lejos, los socialdemócratas defienden la tesis de potenciar la natalidad en la actualidad para que en el futuro haya mano de obra que pague impuestos. Una de las principales consecuencias de de la escasa natalidad es que no hay suficiente capacidad de ahorro para mantener una familia de varios miembros.

En el franquismo se potenciaba la natalidad con subsidios estatales. La teoría socialdemócrata no se aleja de la franquista. Para potenciar la natalidad o se bajan los impuestos o se le dan subvenciones a los padres, práctica que ya se lleva a cabo en algunos países europeos. Este gravamen de subvencionar a los recién nacidos, se reflejaría también en los impuestos. Aunque también en parámetros culturales, dentro de las sociedades occidentales procrear ha perdido, en gran medida, su moda.

La tesis socialdemócrata continuaría acentuando los problemas relacionados con el ahorro y, como no, con nuestra libertad de decidir.
Mientras que la privatización de las pensiones, en cambio, colaboraría en la disminución de impuestos. Con ello la RPC aumentaría y con la renta aumentaría nuestra capacidad de ahorrar mejorando nuestro nivel de vida. Al poseer mayores ingresos derivados de la disminución de la contribución fiscal obligatoria, se podrían alterar las pirámides poblacionales de forma natural:

Teniendo mayores ingresos es más cómodo procrear y tener unos hijos con un futuro pleno asegurado. Cuando el Estado interviene, diciendo cómo va a ser el futuro de todos, además de no lograr sus objetivos, empeora la situación.

El sistema de pensiones chileno conserva sus imperfectos, puesto que los FAP son obligatorios. Con el sistema público el contribuyente tenía que entregar obligatoriamente un 26% de su sueldo en Impuestos para financiar las pensiones. Actualmente, aunque en pensiones privadas, el Estado obliga realizar esta contribución del 11%. Como si fuera otro Impuesto más aunque más barato, sin embargo pudiendo el individuo elegir en que FAP participar. Al contribuyente no se le puede obligar a participar en un sistema puesto que el Estado no puede regular las decisiones de la persona. Participar obligatoriamente en Fondos para la Administración de Pensiones de empresas privadas, es como si el Estado obligara al contribuyente a hacer el mercado todos los 30 de mes con un 10% de sus ganancias mensuales. Eso sí, con el peso de la obligatoriedad, puede elegir entre una empresa u otra.

A pesar de ello, las consecuencias de la privatización de las pensiones en Chile han sido tremendamente positivas: comenzando con el aumento la demanda en el país. Las empresas comenzaron a emitir sus acciones en un mercado muy pequeño, haciendo que el sistema abarque un 40% del PIB de la república sudamericana. El boom chileno comenzaría en la década de 1980 y no ha parado desde entonces. El crecimiento medio del PIB ha sido, desde la instauración del sistema, un 1,5% superior al de los anteriores 20 años.
La lenta erradicación del modelo anterior ya es un hecho. No se puede saltar directamente de un plan a otro ya que los pensionistas estatales no podrían generar ingresos en la actualidad. Pero los que comienzan hoy lo hacen con la seguridad de los planes privados, dentro de un sistema de pilares múltiples.

Ha sido tan positivo que países como Perú, Colombia y Argentina se han pasado al sistema mixto para poder eliminar en el futuro las pensiones estatales. Desde hace veinte años Suiza exige a todos los trabajadores pertenecer a un sistema privado de pensiones. Y el Reino Unido da la oportunidad de elegir entre un sistema y el otro. Y finalmente Eslovaquia permite que sus trabajadores inviertan un 9% de sus ingresos mensuales en planes de pensión de carácter privado.

Un sistema privado nos permite que nuestro futuro sea nuestro, participando de modo voluntario, para asegurar un retiro pleno. Elevar la edad de jubilación sería innecesario, como también lo serían gran parte de las políticas fiscales si nos encontrásemos dentro de un sistema de pensiones independiente del Estado.

5:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

hola, disculpen la ignorancia pero soy amateur en esto de las corrientes ideologicas.. pero, social democracia es lo mismo que democracia social?
lo digo por el nuevo partido juvenil que sacaron leopoldo lopez y freddy guevara..JDS

12:28 AM  

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